
Unión por la Patria presentó un proyecto para restituir el beneficio en la Patagonia, Malargüe y la Puna. Busca que el descuento alcance también al transporte y la distribución. Por ahora, es una propuesta: todavía debe atravesar el Congreso.
En la planilla, la calefacción es un gasto. En una casa patagónica, es la diferencia entre pasar el invierno y padecerlo. Y cuando llega la boleta, el debate energético deja de ser una conversación de especialistas: se sienta a la mesa, al lado del sueldo, la jubilación y las cuentas que no cierran. Porque donde manda el bolsillo, hasta el termostato pide permiso.
Con ese escenario de fondo, el diputado rionegrino Marcelo Mango, de Unión por la Patria, presentó una iniciativa para recuperar el régimen de subsidios al consumo residencial de gas en la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. El expediente ingresó el 14 de octubre y fue girado a las comisiones de Energía y Combustibles; Defensa del Consumidor; y Presupuesto y Hacienda.
La propuesta apunta a revertir modificaciones introducidas por la Ley 27.828 y restablecer cuadros tarifarios equivalentes al 50% de las tarifas plenas de gas natural y propano por redes. Traducido al idioma de la cocina: que el alivio abarque el precio del gas, el transporte y la distribución. Porque el porcentaje puede lucir precioso en el anuncio, pero la verdad termina apareciendo abajo, donde dice cuánto hay que pagar.
Ahí está el corazón de la discusión. Según los impulsores, la reforma reemplazó las compensaciones tarifarias por bonificaciones sobre el precio del gas y dejó afuera componentes relevantes de la factura.
Parece una diferencia para discutir entre expedientes, pero puede sentirse en casa. El combustible tiene un precio; llevarlo hasta el hogar y distribuirlo también cuesta. Si el descuento alcanza una parte más chica, el resultado final cambia. La boleta, lamentablemente, no se paga con el título del comunicado.
Los fundamentos citan estimaciones de aumentos de entre el 20% y el 30% para usuarios patagónicos por la eliminación de las bonificaciones sobre transporte y distribución. Conviene precisar el alcance: son cálculos mencionados por los autores del proyecto, no una suba uniforme comprobada para todos los hogares.
La iniciativa plantea que el beneficio rija durante todo el año y sobre la totalidad del consumo residencial, sin requisitos de ingresos, patrimonio o inscripción en los esquemas generales de subsidios. Alcanzaría con pertenecer al territorio comprendido y tener un suministro residencial.
La posición de sus autores es que el régimen debe compensar una condición climática permanente. En otras palabras: vivir donde el frío aprieta exige consumir más para calefaccionarse, incluso haciendo un uso cuidadoso.
Desde Diucko Digital, hay una pregunta que merece lugar en la discusión: ¿cómo se compara el consumo de dos familias cuando una necesita mucha más calefacción para mantener habitable su casa? La geografía no es un detalle decorativo del mapa. A fin de mes, también pasa por caja.
El proyecto propone restablecer un recargo del 7,5% sobre el gas natural comercializado en el país para financiar el fondo fiduciario. También elimina excepciones previstas para determinados volúmenes relacionados con exportaciones y gas natural licuado importado y regasificado. Si los recursos resultaran insuficientes, contempla aportes complementarios del Tesoro Nacional.
Ese punto deberá formar parte del debate: cómo se distribuye el costo de sostener el beneficio y qué respaldo presupuestario necesita. Porque la frazada puede ser corta, pero alguien tiene que explicar quién queda con los pies afuera.
Además, los diputados buscan incorporar una “reserva de ley”: cualquier modificación, reducción, ampliación o eliminación del régimen debería contar con aprobación del Congreso. La intención es que su alcance no quede sujeto solamente a decisiones del Poder Ejecutivo.
La iniciativa cuenta con las firmas de Mango, Ana María Ianni, Pablo Todero, Jorge Neri Araujo Hernández, Adriana Serquis, Juan Pablo Luque y Abelardo Ferrán. En la ficha parlamentaria también figura Juan Carlos Molina. Su presentación abre una discusión legislativa; por sí sola, todavía no modifica las facturas.
Ahora deberá conseguir tratamiento y respaldo. Mientras tanto, las familias siguen haciendo esa contabilidad doméstica que no admite discursos largos: cuánto entra, cuánto sale y cuánto queda.
Como dice el refrán, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Después de tantas discusiones tarifarias, muchos usuarios ya miran el sobre de la boleta con desconfianza. El Congreso tiene por delante números, criterios y responsabilidades. Del otro lado hay hogares que necesitan una respuesta bastante más concreta que una promesa: poder calefaccionarse sin que el invierno les congele también el bolsillo.
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