ENTRE EL PAPA, LOS PRESOS Y LA MANO DURA: LA NOCHE EN QUE GENTE CON CÓDIGOS PUSO A LA JUSTICIA CONTRA LAS CUERDAS

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ENTRE EL PAPA, LOS PRESOS Y LA MANO DURA: LA NOCHE EN QUE GENTE CON CÓDIGOS PUSO A LA JUSTICIA CONTRA LAS CUERDAS

La Argentina tiene una curiosa habilidad para discutir los problemas más graves como si estuviera definiendo un penal en el último minuto de una final. De un lado gritan «¡mano dura!», del otro responden «¡inclusión social!» y, mientras tanto, el problema sigue ahí, sentado en la tribuna, comiendo maníes y esperando que alguien tenga la gentileza de resolverlo. Una escena que seguramente le habría dado material a Tato Bores para tres monólogos y un llamado telefónico desde la Casa Rosada.

Pero hay ocasiones en las que la televisión decide abandonar el griterío y ponerse a pensar. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en el tercer capítulo de Gente con Códigos, el ciclo conducido por Mariano Yezze en Diucko TV, acompañado por los abogados penalistas Gustavo D’Elía y Jorge Alfonso, y por Gerardo, médico psicoanalista, en una mesa que tuvo algo de tribunal, bastante de diván y, por momentos, la intensidad de una confesión a corazón abierto.

El programa comenzó con un acontecimiento que todavía resuena en la Argentina: la visita del papa León XIV. Miles de personas acompañaron al pontífice en una recorrida que dejó imágenes multitudinarias, mensajes sobre la soledad, el trabajo, la discapacidad y la necesidad de reconciliación. Yezze lanzó una comparación que abrió el debate: la presencia del Papa había logrado algo que parecía reservado a la Selección Argentina, reunir en las calles a ciudadanos de procedencias e ideas muy diferentes.

¡Mirá vos! En un país donde hasta la temperatura del mate puede dividir a una familia, un hombre vestido de blanco consiguió que durante unas horas muchos argentinos dejaran la grieta en el placard.

Pero la conversación fue bastante más allá de las multitudes. Gerardo llevó el análisis hacia Jacques Lacan, la fe, la muerte y la necesidad humana de encontrar un sentido a la existencia. Y allí apareció una pregunta que atraviesa siglos de filosofía: ¿qué hace una persona cuando siente que se le derrumba la vida?

Entre referencias al psicoanálisis, la religión y las contradicciones de una sociedad cada vez más individualista, el panel dejó planteada una cuestión que merece sobrevivir al encendido del televisor: ¿alcanza con castigar a quien se equivoca o también tenemos la obligación de preguntarnos qué ocurrió antes de que llegara al abismo?

Y entonces apareció Devoto.

La visita de León XIV al histórico establecimiento penitenciario porteño abrió un debate sobre la misericordia, el arrepentimiento y las posibilidades de transformación de quienes están privados de su libertad. Gustavo D’Elía y Jorge Alfonso aportaron su experiencia profesional dentro de las cárceles, mientras Yezze planteó una contradicción incómoda: una Iglesia que predica el perdón también debe responder con firmeza frente a los delitos cometidos por integrantes de sus propias filas.

Porque una cosa es la misericordia y otra muy distinta es la impunidad. Y convengamos que esa diferencia debería estar escrita en letras bien grandes, no solamente en las iglesias, sino también en los tribunales.

Pero fue Gustavo D’Elía quien, casi sin proponérselo, entregó uno de los momentos más conmovedores de la emisión.

El abogado relató una conversación que había mantenido con un detenido en el penal de Ezeiza. Le llamaba la atención que las paredes estuvieran gastadas y opacas a determinada altura. Preguntó por qué.

La respuesta fue devastadora:

«Porque muchos lloramos con el codo pegado a la pared para que nadie nos vea llorar».

Hay frases que necesitan un discurso entero para explicarse. Y hay otras que, por sí solas, describen un universo.

Imagínese, querido lector, a un hombre condenado, encerrado entre rejas, intentando disimular sus lágrimas apoyando el brazo contra una pared. No porque no sienta dolor, sino porque mostrarlo delante de otros puede convertirse en una debilidad peligrosa.

D’Elía recordó también el testimonio de otro detenido que le confesó que prefería dormir muchas horas porque, mientras soñaba, recuperaba una libertad que la realidad le negaba.

«A mí me gusta dormir mucho, doctor, porque cuando duermo estoy liberado».

¡Qué paradoja terrible! Afuera, algunos darían cualquier cosa por dormir tranquilos. Adentro, otros necesitan dormir para imaginar que están afuera.

Estas historias no borran delitos, no disminuyen responsabilidades ni reparan el sufrimiento de las víctimas. Pero recuerdan algo que suele extraviarse cuando hablamos de prisiones: detrás de cada expediente también existe una historia humana.

La conversación evocó incluso a Carlos Eduardo Robledo Puch, uno de los criminales más conocidos de la historia argentina, y al sangriento motín de Sierra Chica de 1996. Alfonso explicó la función de los pabellones de resguardo y el papel que tienen los espacios religiosos dentro de algunas unidades penitenciarias.

Y pensar que, en determinados momentos de nuestra historia carcelaria, aquellos pabellones fueron imaginados como refugios frente a una violencia que parecía no tener límites.

Como diría Discépolo en Cambalache, «el mundo fue y será una porquería». Aunque uno quisiera creer que, después de tanto tiempo, al menos aprendimos algunas cosas.

Pero el plato fuerte estaba todavía por servirse.

En la segunda parte del programa apareció Atilio Álvarez, abogado, docente, exdefensor de menores y expresidente del Consejo Nacional del Menor y la Familia. Un hombre con décadas de experiencia en la problemática de la infancia, que llegó dispuesto a cuestionar uno de los debates más sensibles de la política argentina: la responsabilidad penal de los adolescentes.

La nueva Ley 27.801, sancionada en febrero de 2026, estableció un régimen penal juvenil a partir de los 14 años y fijó un máximo de 15 años de prisión para los delitos cometidos por adolescentes.

Y Álvarez fue directamente al hueso.

Recordó que durante la última dictadura militar se había reducido la edad de punibilidad y sostuvo que aquella experiencia dejó consecuencias que todavía merecen estudiarse. Según su interpretación, colocar demasiado temprano a un adolescente dentro del circuito penal puede terminar consolidando precisamente la identidad delictiva que se pretende combatir.

Para explicarlo utilizó una comparación tan sencilla como inquietante: si uno quiere formar a un violinista, un futbolista o un ajedrecista, empieza desde chico. Pero si a un adolescente se lo trata exclusivamente como delincuente, también puede terminar aprendiendo a ocupar ese lugar.

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No se trataba de negar la responsabilidad individual ni de minimizar los delitos cometidos por menores. Su cuestionamiento era otro: qué clase de respuesta debe ofrecer el Estado para evitar que un adolescente que cometió un delito termine convirtiéndose en un adulto que haga del delito su forma de vida.

Y aquí aparece una vieja frase que seguramente escuchamos alguna vez en casa: «A ese pibe lo perdió la mala junta».

Álvarez fue todavía más lejos. Advirtió que un sistema incapaz de separar adecuadamente a adolescentes con trayectorias delictivas muy distintas corre el riesgo de producir lo que podríamos llamar una mala junta exprés, organizada por el propio Estado.

¡Flor de paradoja! La sociedad reclama que un chico abandone el camino del delito y, si el sistema funciona mal, puede terminar enviándolo a una escuela donde los profesores son delincuentes mucho más experimentados.

Pero la revelación más explosiva llegó cuando el especialista habló del límite máximo de las condenas.

Álvarez advirtió que el nuevo techo de 15 años podía beneficiar, mediante el principio de aplicación de la ley penal más benigna, a personas que habían recibido condenas mucho mayores por delitos cometidos antes de cumplir 18 años.

Y acá, señoras y señores, conviene dejar los eslóganes sobre la mesa y mirar los expedientes.

La advertencia no quedó solamente en el terreno de las hipótesis.

En 2026, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional aplicó retroactivamente la nueva ley en un caso y redujo de 35 a 15 años una condena correspondiente a delitos cometidos durante la adolescencia. La decisión judicial puso en evidencia las consecuencias concretas del nuevo límite penal.

Es decir, mientras una parte de la discusión pública se concentraba en bajar la edad de punibilidad, comenzaban a aparecer situaciones en las que la nueva legislación podía resultar favorable para personas condenadas por hechos especialmente graves.

Álvarez habló de alrededor de doscientos posibles beneficiarios y mencionó casos resonantes, entre ellos el asesinato de Kim Gómez, para ilustrar sus críticas. Son afirmaciones que requieren revisar individualmente los expedientes antes de dar por sentado su alcance.

Pero el planteo general quedó instalado con enorme fuerza: ¿se estudiaron todas las consecuencias jurídicas de la reforma antes de convertirla en bandera política?

Porque una cosa es prometer mano dura frente a las cámaras y otra muy distinta es redactar una ley penal técnicamente sólida.

Y si algo nos enseñó Tato Bores es que la política argentina tiene una capacidad prácticamente inagotable para transformar las soluciones aparentemente sencillas en problemas considerablemente más complicados.

El entrevistado también cuestionó que el debate se concentrara sobre los adolescentes mientras, a su juicio, no se reforzaba suficientemente la persecución de los adultos que utilizan chicos para cometer delitos.

El dueño del desarmadero que manda a robar una motocicleta. El delincuente experimentado que entrega un arma. La organización criminal que recluta a un adolescente porque sabe que es vulnerable, reemplazable y, muchas veces, descartable.

Ahí, según Álvarez, debería estar una parte esencial de la respuesta del Estado.

Porque detrás de muchos adolescentes utilizados por organizaciones criminales hay adultos que manejan el negocio y se quedan con las ganancias.

Y como decía la abuela, «el hilo se corta siempre por lo más delgado».

En este caso, lo más delgado puede ser un pibe de catorce años que termina poniendo el cuerpo mientras otros cuentan los billetes.

La discusión es compleja. Las víctimas necesitan justicia, protección y reparación. Los adolescentes deben asumir las consecuencias de sus actos dentro de un sistema adecuado a su edad. Y la sociedad tiene derecho a exigir seguridad. Pero nada de eso elimina la obligación de construir políticas que reduzcan la reincidencia y eviten que el delito se reproduzca generación tras generación.

La ley contempla mecanismos especializados y medidas alternativas a la prisión. La verdadera prueba, como tantas veces ocurre en la Argentina, estará en su implementación, los recursos disponibles y los resultados que pueda mostrar con el paso del tiempo.

Porque el Boletín Oficial puede cambiar una norma de un día para otro. Lo que no puede cambiar por decreto es una realidad social atravesada por décadas de problemas.

En el cierre de su intervención, Atilio Álvarez recurrió a una humorada que atribuyó al Martín Fierro:

«Los viejos somos como el mate, servimos si nos abren la boca».

Una frase que dejó sonrisas, pero también una enseñanza: escuchar a quienes acumularon experiencia puede resultar bastante más útil que enamorarse del último eslogan electoral.

Y así terminó una emisión de Gente con Códigos que había comenzado hablando de un Papa y terminó discutiendo el futuro de los chicos que llegan al sistema penal.

En el medio quedaron la fe, el arrepentimiento, la psicología, las cárceles, las víctimas, los delitos y las contradicciones de una sociedad que muchas veces exige respuestas inmediatas a problemas que llevan generaciones esperando soluciones.

Mariano Yezze condujo el debate con preguntas que abrieron distintas perspectivas; Gustavo D’Elía y Jorge Alfonso aportaron sus experiencias en el ámbito penitenciario; Gerardo acercó la mirada del psicoanálisis, y Atilio Álvarez dejó planteados interrogantes jurídicos y sociales que exceden largamente una discusión televisiva.

Pero entre tantas palabras hubo una imagen que permaneció flotando sobre toda la conversación.

La de aquel hombre que lloraba contra una pared.

Porque quizás allí, en ese gesto silencioso, se encuentre una de las mayores contradicciones de nuestra sociedad: exigimos que las personas respondan por lo que hicieron, pero todavía discutimos qué hacer con ellas después de castigarlas.

Y mientras seguimos discutiendo, hay víctimas esperando justicia, familias buscando respuestas y adolescentes cuyo futuro puede depender de que el Estado acierte o vuelva a equivocarse.

VEREDICTO DEL ARCHIVÓLOGO: La justicia no puede ser un concurso de frases efectistas donde gana el que promete la pena más larga o grita más fuerte frente a una cámara. Debe proteger a las víctimas, responsabilizar a quienes delinquen y evitar que el sistema fabrique nuevos delincuentes.

Atilio Álvarez dejó una advertencia que merece ser escuchada, discutida y contrastada con la realidad. Porque en cuestiones tan delicadas, equivocarse no significa perder una elección: puede significar arruinar vidas.

Y a propósito de aquellas paredes de Ezeiza, me quedo con una reflexión.

«Una sociedad no demuestra su grandeza solamente por la firmeza con la que castiga a quienes violan sus leyes, sino también por la inteligencia con la que impide que otros terminen siguiendo el mismo camino».

Porque las paredes pueden esconder las lágrimas.

Lo que jamás deberían esconder son nuestros errores.

 

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