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La Ley 27.610 sigue vigente, pero un informe: que el sistema siga atendiendo no significa que todas las personas lleguen en las mismas condiciones. Y cuando hablamos de salud, el código postal no debería funcionar como una credencial de acceso preferencial.
La norma establece la interrupción voluntaria hasta la semana 14 inclusive y, después de ese plazo, contempla los embarazos producto de una violación o que ponen en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. También fija un máximo de diez días corridos desde la solicitud para acceder a la práctica y exige trato digno, privacidad y confidencialidad.
Ese es el estándar. La discusión sobre presupuestos y responsabilidades tiene que medirse contra esa obligación, no contra la prolijidad de una presentación oficial.
Una política pública se juega en lo cotidiano: una consulta que recibe respuesta, una derivación que funciona, una atención que llega a tiempo. Todo lo demás puede sonar muy sofisticado, pero a quien está esperando no le cambia la situación.
En Diucko Digital lo decimos sin vueltas: reconocer un derecho y garantizarlo son responsabilidades que van juntas. Porque los derechos no deberían tener categoría premium. Y con la salud, el “arreglate como puedas” queda bastante poco distinguido.
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